Los economistas avisan: "Los impuestos son un castigo regulatorio que frena la creación de vivienda asequible"

Los economistas han vuelto a poner el foco en la necesidad de bajar los impuestos a la vivienda en España. 

En una jornada organizada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, varios pesos pesados del mundo económico han coincidido en señalar que España es uno de los países europeos con mayor presión fiscal sobre la vivienda, que la política impositiva frena la creación de oferta residencial asequible y que el conjunto de tributos que se aplican sobre una propiedad inmobiliaria, incluyendo la compra, la tenencia y la transmisión, puede alcanzar el 62% del precio de adquisición a lo largo de su ciclo de vida. 

Según un estudio elaborado por Jaume Menéndez, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y que ha sido presentado durante la jornada, el peso de los impuestos sobre la vivienda alcanza el 6,9% de los ingresos fiscales totales, lo que le sitúa como el cuarto más elevado de toda la UE, solo por detrás de Luxemburgo (9,7%), Francia (8,1%) y Bélgica (7,7%). 

El motivo es que los inmuebles están sometidos a diferentes tributos (desde el IVA al IRPF, el IBI, el ITP o la plusvalía municipal) y de diferentes administraciones: la central, la autonómica y la local. Este esquema, según los economistas, está lastrando la creación de nueva oferta residencial asequible, junto con otros lastres como la inseguridad jurídica de la normativa urbanística, la falta de suelo finalista o la escasez de mano de obra cualificada que sufre la construcción. 

"Es muy difícil construir barato cuando los costes son muy altos", ha afirmado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, durante la jornada. En esa misma línea, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, ha recalcado que la fiscalidad "es excesiva y hay que rebajarla". 

Propuesta de reforma de impuestos 

El estudio elaborado por el doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Jaume Menéndez incluye varias recomendaciones destinadas a reducir la presión fiscal de la vivienda, en un momento en el que se ha convertido en la mayor preocupación social en España.

Entre las modificaciones fiscales que podrían ponerse en marcha con ese fin se encuentran varias medidas relacionadas con el IVA. Por ejemplo, revisar a la baja el IVA soportado y no deducible, eliminar el IVA a los promotores para promociones destinadas a viviendas de alquiler asequible, establecer un IVA del 0% de forma temporal a las obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas, o establecer un IVA reducido del 4% para la compra de una primera vivienda, independientemente de la edad del adquiriente. Según el autor del texto, la clave no debería ser si el comprador tiene 32 o 42 años, sino si se trata de su primera vivienda. 

En lo que respecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el estudio plantea que debería evitarse lo que denomina el 'efecto cascada' de este tributo que se aplica sobre los inmuebles de segunda mano. Según los cálculos de Jaume Menéndez, esto permitiría que el coste de la vivienda no se fuera incrementando tras cada transmisión. Para ello, se podría permitir que el nueva comprador se dedujese la parte del ITP pagada por el vendedor, lo que en su opinión "podría por lo menos ayudar a mejorar el impacto fiscal en la adquisición". 

Además, el estudio pone sobre la mesa los diferentes tipos aplicados por las CCAA en el ITP (que parten del 6% de Madrid o Navarra y que alcanzan el 13% en algunas operaciones en Cataluña) e insiste en que "la disparidad normativa castiga la movilidad laboral y encarece de forma artificial el acceso a la vivienda usada”.

En lo que respecta al IRPF, una de las recomendaciones es eliminar la imputación de rentas inmobiliarias sobre viviendas no arrendadas, así como que exista una mayor coherencia entre los requisitos que aplican las CCAA a la hora de establecer ciertas deducciones en cuanto a la edad, la renta o al grado de discapacidad. 

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el estudio defiende establecer un tipo único del 5% al 15%, estableciendo un mínimo exento, y eliminar los grupos de parentesco, que en la práctica suponen pagar un tipo más o menos elevado en función del grado de consanguinidad. Por ejemplo, el autor del estudio considera injusto que una persona sin hijos, cuyo patrimonio pasaría a manos de sus sobrinos, tenga que pagar más que una con hijos. Según el documento, el modelo actual no refleja adecuadamente "la pluralidad de modelos familiares contemporáneos y genera desigualdades difíciles de justificar".

Otra de las recomendaciones generales es suprimir la valoración automática del ajuar doméstico, que solo tribute la ganancia real, y no la meramente nominal; y eliminar los coeficientes multiplicadores por patrimonio preexistente de los herederos. 

Jaume Menéndez también ha hecho mención al Impuesto sobre el Patrimonio, sobre el que aconseja elevar el mínimo general exento hasta el millón de euros -dado que lleva congelado desde 2011-, elevar la exención de la vivienda habitual desde los 300.000 euros a los 600.000 euros; y dar margen para modificaciones en función del territorio. 

Por último, el estudio sugiere impulsar incentivos fiscales destinados a la inversión a largo plazo, lo que permitiría atraer más capital internacional. 

En definitiva, los economistas apuestan por un cambio en la política fiscal, ya que la actual "no incentiva la inversión ni la salida de vivienda al mercado", sino que "actúa como un castigo regulatorio que frena la creación de un parque residencial asequible”. En su opinión, no se trata tanto de gravar menos la vivienda, sino de "gravar mejor para fomentar la oferta y la movilidad"; y se muestran a favor de la recomendación de la OCDE de gravar más la tenencia de la vivienda que la transmisión. 

La inseguridad jurídica, otro obstáculo

Durante la presentación, los economistas también han puesto el foco en otros lastres que están frenando la puesta en marcha de nuevas viviendas es la inseguridad jurídica derivada, por un lado, de la normativa urbanística y, por otro, de las regulaciones como los topes de precios que están afectando a los propietarios. 

"Hay una gran preocupación sobre la situación que se está produciendo y que afecta tanto a propietarios como inquilinos y sobre todo a las personas que intentan acceder por primera vez a la vivienda: no hay oferta, los precios suben, los costes de la construcción siguen subiendo. Hay dificultades para los jóvenes y los colectivos vulnerables y esta dificultad está agravada por la inseguridad jurídica bastante grave que hay en este país. Esto requiere respuestas rigurosas y muy equilibradas por parte de los políticos", ha comentado Josep María Font, presidente de la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana.

Una de las medidas más acuciantes es que se apruebe la reforma de la Ley del Suelo, que todavía sigue pendiente de un acuerdo por parte de las fuerzas parlamentarias para aprobarse. Además de dar más certidumbre a los planeamientos urbanísticos, los economistas ven necesario agilizar los plazos de las licencias, los visados..., y articular fórmulas para fomentar los cambios de uso y dar una nueva vida a los suelos urbanizados en manos públicas y privadas que actualmente están en desuso. 

Otra de las recomendaciones es eliminar los controles del precio del alquiler, ya que la literatura económica ha demostrado que, cuando se ponen en marcha, la oferta de vivienda tiende a reducirse, ya que, como ha recalcado el economista Valentí Pich, "la menor libertad de mercado retrae la inversión". En su opinión, la respuesta debería ser la contraria: "Hay que poner en marcha el mercado y necesitamos todas las manos posibles. Por eso, pediría contención a los representantes políticos", sobre todo a la hora de criticar públicamente al inversor extranjero, a las socimis o a los propietarios. 

En esa misma línea, Joan Ràfols, presidente de la Cambra de la Propietat urbana de Barcelona, ha insistido en que "hay una batalla ideológica que ha tergiversado las políticas de vivienda". Durante su intervención, ha defendido "facilitar la fiscalidad para fomentar la transmisión de viviendas" y que no se penalice "la construcción de vivienda libre", en un momento en el que todas las grandes áreas metropolitanas europeas necesitan incrementar la oferta residencial. 

Durante la jornada, los ponentes también han mencionado la necesidad de mejorar el transporte público para que sea viable vivir lejos del lugar de trabajo, lo que permitiría reducir la presión en los grandes núcleos urbanos al trasladar parte de la demanda a otros municipios; y de que la política pública en vivienda cumpla sus dos grandes objetivos: que la oferta de vivienda sea equilibrada respecto a la demanda y ayudar a los colectivos con menos recursos y que no pueden acceder a una vivienda a precios de mercado; y todo ello sin que la vivienda sea un arma política. 

Por otro lado, los economistas han subrayado que el actual problema de oferta responde a otros factores como la falta de mano de obra en la construcción, la baja productividad del sector y las restricciones financieras derivadas de una menor tolerancia al riesgo por parte de los bancos a raíz de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. Desde entonces, el sector ha limitado la financiación a las promotoras para que, por ejemplo, compren un suelo en el que construir, por lo que deben asumir ese coste con recursos propios y ello acaba repercutiendo en el precio de las viviendas. 

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